Tanto la Hacienda española como las
vascas, acaban de publicar sus listas de
morosos societarios de más de 600.000
euros de deuda (antes un millón) ¿Por qué
solo a partir de seiscientos mil si el delito
fiscal se establece a partir de los 120.000
euros? ¿Por qué un límite tan alto para el
conocimiento público? ¿Hacienda no
somos todos? Pues a muchos nos
interesaría conocer quién es moroso en
nuestras cercanías por cantidades
inferiores a esa cantidad, por si tenemos
tratos comerciales con ellos; lo mismo que
la información sobre la identidad de los
socios de las empresas deudoras. El efecto
disuasorio y de aceleración del pago serían
mayores. Y, socialmente, representaría una
mayor seguridad jurídica y comercial para el
resto de la ciudadanía. Si los cargos
públicos están obligados a hacer una
declaración pública de intereses, sin tener
ninguna deuda con la sociedad, con mayor
razón los deudores fiscales que sí tienen
una obligación fiscal con todos nosotros.
Porque lo que ellos se ahorran
fraudulentamente, al final tiene que acabar
saliendo de nuestros exhaustos bolsillos.
Y nosotros, aunque a veces lo recemos,
no “perdonamos a nuestros deudores”.
Y les recomendamos lo que decía B.
Franklin: “Es mejor acostarse sin cenar
que levantarse con deudas”. ¡Ah! Y razón
de más existiendo ya el RAI (Registro de
Aceptaciones Impagadas) ¡A partir de los
300,51 euros!
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